Pagar y recibir en plazos justos

Los empresarios que realicen pagos como contraprestación derivada de actos mercantiles, deben ajustar sus procedimientos y políticas para que el pago de las obligaciones se realicen en los plazos máximos que indica la ley.

A partir del 1 de enero de 2021, todos los empresarios que realicen pagos como contraprestación derivada de actos mercantiles, deben ajustar sus procedimientos y políticas para que el pago de las obligaciones derivadas de esos negocios jurídicos se realice en los siguientes plazos máximos:

• Para el año 2021, máximo 60 días calendario
• Para el año 2022, máximo 45 días calendario.

 

La Ley 2024 del 23 de julio 2020 añadió un deber legal para todos los comerciantes, en desarrollo del principio de buena fe, consistente en pagar las obligaciones contractuales en esos plazos máximos, que se cuentan desde:

• La fecha de recibo de las mercancías
• La terminación de la prestación de los servicios.

Los ajustes en los procedimientos y políticas deben orientarse a lo siguiente:

• Para los casos en que se requieran protocolos de aceptación o comprobación de los bienes o servicios recibidos, estos se deben realizar durante el plazo máximo de pago, que solo se suspende cuando se soliciten correcciones o subsanaciones en el cumplimiento de las obligaciones
• Para los casos en que se requieran protocolos de verificación de facturas y documentos de soporte, estos se deben realizar durante el plazo máximo de pago, que solo se suspende cuando se soliciten correcciones o subsanaciones en la factura o documentos.
• Para los casos en que se requieran anexar con la factura documentos que emite el mismo contratante, por ejemplo un acta de recibo o de cumplimiento, su falta de expedición no extiende ni suspende el plazo máximo de pago.
• En caso que se apliquen incorrectamente tarifas de retenciones que ocasionen un mayor valor retenido, se entiende que hay incumplimiento en el plazo de pago.

LEGAL GO! ayuda a empresarios, emprendedores, micro y pequeños empresarios a ajustar sus procedimientos y protocolos de recepción de mercancías y aceptación de servicios, así como sus contratos y órdenes de compra o de servicios, de suerte que cumplan todas las previsiones de la Ley de pago en plazos justos. Su falta de implementación o inobservancia puede exponer a sanciones o al cobro de indemnizaciones.

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